El enfermero, uno de los profesionales que más sufre agresiones entre los sanitarios

Desde que la Fiscalía Superior de Andalucía recomendó en 2007 que las agresiones contra el personal sanitario pudieran considerarse un delito de atentado contra la autoridad, los enfermeros han sido uno de los profesionales sanitarios amparados por esta decisión, al ser uno de los colectivos profesionales que más sufren este tipo de situaciones. Mientras que en 2009 solo se produjeron tres condenas por atentado, en 2012 hubo 21, según los datos aportados durante la última comisión parlamentaria de Salud y Bienestar Social por la consejera de Salud, María Jesús Montero.

“Los órganos judiciales han demostrado una gran sensibilidad hacia este asunto”, ha destacado Montero. El año pasado se registraron 925 agresiones, 151 menos que en 2011. La mayoría (52%) ocurren en centros de atención primaria, aunque, en proporción a la actividad asistencial que desarrollan estos centros (65%), hay más agresiones en los hospitales. Entre los profesionales sanitarios, son los enfermeros los que más sufren este tipo de episodios y entre los no sanitarios, los celadores.

Durante dicha comisión, Montero dio a conocer el balance realizado sobre el plan de prevención de agresiones a profesionales del sistema sanitario público andaluz y anunció que su departamento está elaborando cambios en el registro de agresiones a profesionales para proponer “medidas de seguridad acordes a los problemas concretos de cada centro”. El plan, que se creó en 2005, establece un protocolo de actuación que recomienda a los trabajadores qué hacer ante una situación de violencia y ofrece asistencia psicológica y jurídica a los profesionales afectados, incluyendo trasladados de centro.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha invertido 160 millones de euros en la implantación de dispositivos tecnológicos, como timbres antipánicos, interfonos, teléfonos directos con seguridad, salidas alternativas y videocámaras de vigilancia en espacios abiertos. Asimismo, algunas ambulancias cuentan con GPS y con timbres para avisar sobre incidencias, y hay 600 vigilantes de seguridad en los centros sanitarios de mayor conflictividad.