El próximo martes el Gobierno enviará al Congreso su proyecto de nueva ley del aborto para debatirla y aprobarla y que entre en vigor en el primer trimestre del 2023 pero, ¿qué es lo que abordará esta nueva ley? Entre otros, incluirá la bajada de productos de higiene femenina, el derecho a baja laboral para las mujeres que tengan dolor menstrual incapacitante o poder abortar con 16 años sin permiso de los padres.
Si la ley sale adelante, se modificarían los siguientes puntos. En primer lugar, tal y como recoge el borrador, las mujeres mayores de 16 años podrán optar al aborto en centro público sin permiso paterno dentro de las 14 semanas. Además, aprueba medidas de salud menstrual y reproductiva y persigue malas prácticas como el abuso de cesáreas o de episiotomías.
La futura ley incluirá la gratuidad de los anticonceptivos hormonales (pastillas, parches, anillos o dispositivos intrauterinos), de la píldora del día después, distribuirá otras fórmulas (como el condón) en campañas formativas que llevará a los institutos y fomentará el uso de anticonceptivos masculinos.
Uno de los puntos más reclamados es la eliminación del IVA de los productos de higiene menstrual ( compresas, copas y tampones, que ahora soportan el 10%), su gratuidad en prisiones y para mujeres en riesgo de exclusión social. También contemplará que los centros educativos tengan la obligación de garantizar el acceso al alumnado a los productos sanitarios necesarios en caso de que tengan la regla
Otros aspectos novedosos pendientes de negociacion contempla una baja médica de tres días para mujeres que sufran reglas dolorosas, un nuevo permiso remunerado prenatal que podrá utilizar cualquier embarazada a partir de la semana 36 y una baja por duelo perinatal en caso de aborto espontáneo antes de seis meses.
Además de todo esto, también incluye un paquete de medidas contra la gestación subrogada, una práctica ilegal en España que además pasará a definirse como “explotación reproductiva” y un acto directo de violencia contra la mujer. La norma perseguirá a los intermediarios (agencias, clínicas y abogados) que pongan en contacto a españoles con vientres de alquiler en el extranjero. Prohibirá y sancionará con duras multas la publicidad de sus servicios. También podría declarar a los tribunales competentes para perseguir el delito de gestación por sustitución en el extranjero cometido por residentes en España. La persecución penal excluye a las gestantes de alquiler.
